¿Qué tipos de “diligencias 145” existen?

El artículo 145 permite solicitar por esta vía todos los medios de prueba legalmente admisibles tales como, la exhibición de documentos, la organización de un peritaje judicial, etc.

Lo más peculiar, pero no por ello poco solicitado, es la petición de designación de un “huissier”, -funcionario público que tiene autoridad para dar fe pública de ciertos actos-, para que proceda a certificar los extremos que se pidan y/o se desplace para exigir la entrega de documentos en el domicilio o en la sede de la parte adversa, y ello, si fuera necesario, con ayuda de la fuerza pública.

¿Cómo se solicitan las diligencias?

Existen dos vías para solicitar las diligencias 145 que son el “référé” y la “ordonnance sur requête”.

El “référé” es un procedimiento “acelerado” que permite tratar demandas urgentes o provisionales. Este procedimiento se inicia con la presentación de la demanda que será notificada al demandado y el Juzgado fijará vista para que las partes presenten sus alegaciones.

La “ordonnance sur requête” es también un procedimiento de urgencia o provisional ante el Presidente del Tribunal competente, pero sin la presencia del demandado.

Se suele usar para mantener un efecto de sorpresa, por ejemplo, cuando existe el riesgo de que se destruya la prueba.

En este último caso, si el Presidente del Tribunal acepta la solicitud de diligencia, se practicará ésta y el demandado podrá interponer un recurso, lo que restablece a posteriori el principio de contradicción.

¿Cuáles son los requisitos?

De manera general, el artículo 145 requiere dos condiciones:

• Ausencia de una demanda interpuesta sobre el fondo; y
• Existencia de un interés legítimo (por ejemplo, ausencia de otros medios de preservación de la prueba).

No obstante, las diligencias incoadas por la vía de la “ordonnance sur requête” al ser una excepción al principio fundamental de contradicción, requieren además la reunión de circunstancias excepcionales.

Así, se deberá justificar de manera reforzada el hecho de no aplicar el principio de contradicción, bajo la necesidad de crear un efecto de sorpresa (i.e. riesgo de desaparición o destrucción de las pruebas,…) justificado a su vez por la imposibilidad de actuar de otra forma menos perjudicial.

Además, en el procedimiento “ordonnance sur requête” debe prestarse especial atención a la redacción del escrito de demanda y a la redacción del borrador del auto que debe aportarse. En particular se recomienda incluir garantías para salvaguardar los intereses del demandado (i.e. secuestro de los documentos recuperados por el “huissier” durante un plazo suficiente para que el demandado pueda decidir si recurre o no).

A pesar de las condiciones que se deben cumplir este tipo de procedimientos son muy útiles a la hora de reunir las pruebas que pueden permitirnos preparar una demanda sobre el fondo, pero también puede perjudicar a las personas o empresas que son objeto de dichas medidas y cuyos intereses pueden ser defendidos mediante una defensa en oposición a las mismas.

No duden en contactar nuestros abogados franceses en Barcelona para más información y asistencia, tanto si se plantean iniciar una diligencia 145 como si han sido objeto de una.

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¿Cuándo procede el acto de conciliación?

La conciliación procede cuando se quiere alcanzar algún tipo de acuerdo para evitar un pleito. Es un procedimiento de lo más usual en el ámbito laboral y en el civil. No se permitirá dicho acto en los siguientes supuestos:

• Aquellos juicios en los que estén interesados los menores y todas aquellas personas que tengan capacidad modificada judicialmente para poder administrar todos sus bienes. Nuestros abogados en derecho civil pueden asesorarte cuando se trata de estos asuntos.
• Aquellos juicios en los que el Estado, las Administraciones públicas y las Comunidades Autónomas estén interesados.
• Proceso de reclamación de responsabilidad civil contra jueces y magistrados.
• Los que se promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso.

¿Cómo actuar en un acto de conciliación?

Se puede responder ante un acto de conciliación mediante la interposición de acción de nulidad. Es necesario que se interponga durante los quince días siguientes a la celebración de dicha conciliación.

Usualmente, los procesos de conciliación suelen ser bastante rápidos. Cuando afecta al ámbito laboral no se suelen demorar los 15 días hábiles, mientras que si se trata de ámbito civil, no se podrá demorar más de 10 días.

¿Cómo se tramita una solicitud de un acto de conciliación?

La persona que quiera tramitar el acto de conciliación deberá presentar ante el órgano competente la solicitud por escrito en la que se establezcan todos los datos y circunstancias relativas a la identificación del solicitante y también del requerido o requeridos, los domicilios pertinentes, así como el motivo de dicha conciliación y la fecha. El solicitante tendrá potestad para poder acompañar la solicitud con todos aquellos documentos que se consideren oportunos para la causa.

Es importante que tengas en cuenta que para realizar dicha solicitud no será necesaria la intervención de ningún procurador o abogado, aunque siempre es necesario poder contar con el asesoramiento de un experto en la materia.

¿Quién es el órgano competente?

El órgano competente en el que hay que presentar la solicitud del acto de conciliación, depende de si el requerimiento lo efectúa un particular o una empresa, es decir, una persona física o jurídica:

• Requerimiento por persona física: en este caso, el órgano competente será el Juez de Paz o el Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona demandada.
• Requerimiento por persona jurídica: también se encargará el mismo órgano en este caso, siempre y cuando el requerido tenga algún establecimiento abierto al público o un representado que esté autorizado en esa localidad.

Acto de conciliación laboral

Para concluir, es importante hacer especial hincapié al acto de conciliación laboral, ya que es el más habitual. Este acto se da cuando existen ciertas discrepancias entre trabajador y empresa, y se pretende alcanzar un acuerdo entre ambas partes sin tener que llegar a la necesidad de presentar una demanda. Si te encuentras ante una de estas situaciones y necesitas asesoramiento por parte de un experto, siempre es recomendable acudir a nuestros frabogados especializados en derecho laboral para poder tramitar este apartado de la mejor forma posible.

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A lo largo de su intervención aborda la situación originada por la salida de las obras de arte del Museo de Lleida de las parroquias de la Franja que durante siglos pertenecieron al Obispado de Lleida y que ahora pertenecen al de Barbastro–Monzón. Este traslado de las obras reclamadas desde Aragón ha provocado una frustración en una parte de la población leridana que consideraba que las obras tenían que permanecer al Museo Diocesano.

Entre otros puntos, Ramón García Bragado que ostentaba en aquel momento el cargo de Secretario general de la Presidencia de la Generalitat, menciona que: «Con aquella moción promovida por CiU y dirigida directamente a impedir el pacto con el Aragón, se desvaneció la última ocasión de encontrar una solución dialogada y digna para todo el mundo, presidida por la idea de una colección con dos suyos y con una gestión conjunta».

Si desea leer el artículo completo, pinche aquí.

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El pasado febrero se aprobó el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento UE 2021/241) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es el eje central del plan NextGeneration EU, dotado con 672.500 millones de euros, y que garantizará mayor apoyo financiero a aquellos estados miembros cuya situación económica y social se haya visto más afectada por la pandemia. Por ello, España es el segundo receptor de este fondo, solo por detrás de Italia, y recibirá 82.360 millones de euros a fondo perdido y 67.300 en préstamos.

La percepción de estos fondos está condicionada a la aprobación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia español, cuya presentación se llevó a cabo por parte del Gobierno el pasado mes de octubre, y al cumplimiento de los hitos y objetivos que en él se establezcan incluyendo la necesidad de aplicar los principios de gestión eficiente o buena regulación (better regulation), evitando la sobrerregulación y las cargas administrativas, así como reforzando los mecanismos de evaluación de los instrumentos adoptados.

La mejora en la eficiencia de los procedimientos de contratación pública es imprescindible para la absorción de los fondos.

El Gobierno, consciente del enorme desafío que supone la gestión de este ingente volumen de fondos y el breve período establecido para su ejecución, y en cumplimiento de dicho Plan, aprobó el pasado 30 de diciembre de 2020 el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Especialmente importantes son las disposiciones que incluye el RDL 36/2020 en materia de contratación pública tendentes a la agilización de los procedimientos de contratación pero que, no obstante, serán solo de aplicación cuando los contratos sean financiados con fondos europeos procedentes de del plan de recuperación. Nos encontramos pues ante una norma que, sin modificar la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que es transposición de las Directivas de 214, crea un marco normativo paralelo en cuanto a plazos, procedimientos o incluso duración de los contratos, aplicable únicamente a los contratos financiados con fondos europeos provenientes del Mecanismo de Recuperación. Para el resto de los procedimientos de contratación, incluso los financiados con fondos europeos ordinarios, seguirá rigiendo la vigente Ley.

A pesar de la confusión que seguro va a provocar esta duplicidad de regímenes en las empresas licitadoras y en la propia práctica profesional de aquellos que nos dedicamos al sector, que no es poca cosa, cabe preguntarse el motivo por el cual se mantiene y no se modifica una Ley de Contratos del Sector Público que se sabe altamente ineficiente y, que se admite por parte del mismo Gobierno incapaz de gestionar estos fondos extraordinarios que requieren una rápida absorción. Teniendo en cuenta que la contratación pública representa alrededor de un 20% del PIB de España, ¿no deberían merecer la misma consideración los otros contratos?

A mayor abundamiento, habrán de añadirse a esta doble regulación las normas que ya están aprobando las Comunidades Autónomas en el marco de sus competencias. Por ejemplo en Cataluña, a través del Decreto Ley 5/2021, se ha introducido, entre otras especialidades, un sorprendente límite al precio como criterio de adjudicación de entre el 35% y el 50% según el procedimiento de contratación utilizado, solo aplicable a los contratos que celebre la administración de la Generalitat y sus entidades del sector público y solo a los contratos financiados con los fondos del Mecanismo de Recuperación.

El éxito de este paquete financiero extraordinario dependerá sin duda de la capacidad que tengan las pequeñas y medianas empresas para acceder a estos fondos, siendo imprescindible que, ante este escenario tan cambiante y confuso, cuenten con el debido asesoramiento y puedan aprovechar la gran oportunidad que representan para salir de la crisis provocada por la pandemia.

Clara Escudero

Abogada. Dpto Administrativo

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